Lo que pasó en NY al calificar edificios por su contaminación

En otoño de 2020, Nueva York reforzó su política de evaluación energética en grandes edificios, obligando a los propietarios de estructuras de más de 25,000 pies cuadrados a calificar sus edificaciones según su nivel de contaminación. Esta política, que otorga calificaciones de la A a la F, ha llevado a una mejora gradual en la eficiencia energética de muchos edificios, aunque casi la mitad obtuvieron bajas calificaciones (D y F) en un reciente análisis.

La medida tiene como objetivo reducir el impacto ambiental al proporcionar a los gestores de activos información valiosa para optimizar el rendimiento energético. A pesar de los costos iniciales de las mejoras, los edificios energéticamente eficientes reducen gastos operativos, disminuyen su huella de carbono y tienen menos exposición a la subida de precios de la energía.

Desde la implementación de estas normativas, se ha observado una reducción significativa en los niveles de contaminación relacionados con el uso de gasóleo de calefacción, lo que demuestra que la evaluación comparativa funciona como herramienta para motivar cambios en la gestión de activos.

Este enfoque, que no solo ha sido adoptado por ciudades con gobiernos demócratas como Nueva York, también se ha expandido a otras áreas de EE. UU. con diferentes orientaciones políticas, lo que subraya su utilidad como política para mejorar la eficiencia energética y reducir emisiones. Sin embargo, en Canadá, donde estas políticas aún son incipientes, la implementación ha sido más lenta y menos estricta.

En resumen, calificar los edificios por su contaminación no solo impulsa mejoras ambientales, sino que también tiene beneficios económicos y empresariales, lo que motiva a los propietarios a tomar medidas para hacer sus edificios más sostenibles.